CONDUCE: Pilar Gutiérrez
Agenda Económica AM — 20 de enero
Esta edición de Agenda Económica AM, emitida en plena emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, dedica su bloque principal a los efectos productivos del siniestro. La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández —designada además enlace de gobierno en la región de Ñuble— explica que la afectación en la Araucanía es más acotada (zonas rurales y cultivos, varios ya cosechados) y detalla el trabajo recién iniciado junto al subsecretario de Agricultura para catastrar la pérdida productiva agrícola y ganadera. Fernández repasa las primeras etapas de ayuda a los damnificados: entrega de viviendas de emergencia en San Nicolás, aplicación de la ficha FIBE del Ministerio de Desarrollo Social (que requiere que las zonas afectadas sean seguras para el catastro presencial), conformación del Comité de Ayudas Tempranas, entrega prioritaria de alimento para animales, y reposición de cercos y sistemas de riego. También describe la coordinación con alcaldes para anticipar evacuaciones y canalizar demandas puntuales (como ambulancias adicionales) hacia el COGRID y Senapred.
Un reportaje de la corresponsal Natalia Muñoz repasa el despliegue del sector privado forestal: CMPC combate los siniestros con más de 260 brigadistas y 13 aeronaves e instaló una antena Starlink en Penco; Arauco dispuso más de 600 personas, 130 brigadistas, 40 aeronaves y 165 cámaras robotizadas; y representantes de Corma advierten sobre la intencionalidad de varios focos y la necesidad de fortalecer la inteligencia policial en prevención de incendios, mientras un primer levantamiento preliminar de las empresas indica que los daños a nivel de plantas e instalaciones no serían tan relevantes como se temía.
La emisión cierra con la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde la contralora general Dorothy Pérez y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, expusieron sobre el proyecto de reajuste salarial al sector público (alza de 3,4% gradual). Benavides advierte que el proyecto requiere financiamiento adicional por US$822 millones en un contexto de estrés fiscal (déficits estructurales persistentes, deuda cercana a su nivel prudente, bajos activos en el FEES) y que parte de los fondos considerados podrían terminar destinados a la reconstrucción por los incendios. La contralora Pérez, por su parte, cuestiona la eventual reposición de la llamada "ley de amarre", que a su juicio perjudicaría la carrera funcionaria de quienes ingresaron por concurso público.